A partir de febrero de 2026, autónomos y pequeñas empresas en España estarán bajo un mayor escrutinio fiscal. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una nueva orden ministerial que transforma de forma profunda las obligaciones informativas de bancos y plataformas de pago ante la Agencia Tributaria. El objetivo: intensificar la lucha contra el fraude fiscal, aunque para muchos esto significa una vigilancia sin precedentes.
Con la entrada en vigor de esta normativa, entidades financieras y pasarelas de pago estarán obligadas a remitir mensualmente al fisco un desglose detallado de los movimientos económicos realizados por trabajadores por cuenta propia. Esto incluye desde simples cobros en TPV hasta transferencias vÃa Bizum. Lo que hasta ahora era una declaración anual se convierte en una supervisión mensual y minuciosa.
Un calendario que marca un antes y un después
El nuevo sistema de control se despliega en fases, con cuatro modelos informativos que entrarán en vigor entre 2026 y 2028:
Modelo 196: Deja de ser anual para convertirse en mensual. Recogerá altas, bajas, ingresos y retiradas en las cuentas bancarias de profesionales y empresas. Entrará en vigor en febrero de 2026, con datos correspondientes a enero.
Modelo 170: Controlará todos los cobros efectuados a través de TPV o Bizum, con detalles como importe, canal (presencial u online) y cuenta de destino. También comenzará a aplicarse en febrero de 2026.
Modelo 174: A partir de enero de 2027, se informará sobre pagos con tarjeta superiores a 25.000 euros anuales. Se trata de un formato mejorado que permite un análisis más fino de los grandes movimientos.
Modelo 181: Desde enero de 2028, incluirá información sobre préstamos, hipotecas e incluso datos catastrales de inmuebles relacionados con los autónomos.
Este esquema transforma por completo la relación entre profesionales y la administración tributaria. A partir de su entrada en vigor, Hacienda contará con una radiografÃa mensual de la actividad financiera de los contribuyentes, facilitando cruces automáticos con declaraciones de IRPF, IVA y otras obligaciones fiscales.
Bizum y los TPV, bajo el microscopio
Uno de los cambios más relevantes recae sobre herramientas de uso cotidiano como Bizum. Hasta ahora, muchos autónomos utilizaban esta aplicación como una especie de “caja B” por la baja trazabilidad. Con el nuevo Modelo 170, cualquier transacción recibida a través de este canal deberá ser reportada con todo detalle.
La misma lógica aplica a los cobros realizados por terminales punto de venta (TPV). El volumen, la naturaleza de la operación, y la cuenta asociada pasarán a formar parte del flujo informativo mensual hacia la Agencia Tributaria.
¿Mayor control o pérdida de privacidad?
Aunque el discurso oficial se centra en combatir el fraude fiscal, el incremento del control suscita dudas entre expertos y organizaciones de autónomos. Varios analistas señalan que este nuevo marco supondrá una carga indirecta adicional para los contribuyentes:
Más burocracia: Aumentarán los requerimientos por inconsistencias o errores de interpretación.
Riesgo de bloqueo: Un mÃnimo fallo en los datos podrá derivar en paralizaciones de devoluciones o incluso medidas cautelares por parte de Hacienda.
Menos privacidad: Hacienda contará con acceso a una base de datos masiva (big data) sobre movimientos personales y empresariales, sin que medie orden judicial alguna.
Este nivel de fiscalización se suma a un contexto en el que los autónomos ya enfrentan dificultades estructurales: alta presión fiscal, escasa protección social y un marco laboral inestable. Mientras tanto, medidas de impulso económico como la promoción de vivienda asequible o los planes de empleo siguen sin despegar.
Un Estado que vigila
En resumen, con esta nueva estrategia, el Gobierno demuestra una vez más su capacidad para actuar con eficacia cuando se trata de recaudar y controlar. La pregunta que queda en el aire es si este mismo rigor se aplicará también al fomento del emprendimiento, el empleo y la inversión productiva.
Fuente: Zero Censura
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